Comunidades indígenas del sur de Oaxaca administran su propia red de telefonía celular comunitaria.
Hace tan solo dos años nadie lo creía posible; sin embarago, hoy es una realidad: 16 comunidades indígenas del estado de Oaxaca, al sureste de México, son propietarias y administran su propia red de telefonía celular comunitaria1.
Esto era impensable, sobre todo en un país donde la concentración mediática esta en manos de un duopolio (Televisa y Tv Azteca), donde el segundo hombre más rico del mundo (Carlos Slim) es propietario de la compañía más fuerte del mercado de la telefonía celular (Telcel) y donde México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con menor penetración de telefonía celular. Sin embrago, la lucha de los pueblos indígenas en México sienta precedentes para todos los pueblos originarios del Abya Yala y el mundo, al incluir el espectro radioeléctrico en su lucha por el territorio y sus recursos, y por el derecho de los pueblos originarios a la comunicación.
Oaxaca, México
México tiene 121 millones de habitantes en casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Es uno de los países más grandes del continente americano. Fundado sobre los principios de 65 pueblos originarios que lo habitan desde tiempos ancestrales, hacen de este país una nación pluricultural en el que el 10% de la población habla una de las 63 lenguas indígenas y el 15% de la población se reconoce perteneciente a un grupo originario.
México esta dividido en 32 entidades federativas (Estados) siendo Oaxaca, al sureste de la república, el quinto más grande y el primero en diversidad étnica, en el que conviven 16 pueblos originarios. Debido a su accidentada geografía, cruzada por tres grandes cadenas montañosas (Sierra Madre Occidental, Sierra Sur y Sierra Norte o mejor conocida como Sierra Juárez), Oaxaca es la entidad federativa que concentra el 25% de los municipios (división político-administrativa) a nivel nacional, donde el 70% de estos municipios están organizados de acuerdo a los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas y la propiedad de la tierra es de carácter comunal. Todo esto permitió que Oaxaca, a pesar de ser uno de los Estados con menor conectividad en México, generara un esquema de comunicación que refuerza la autonomía de las localidades y contribuye al alcance de los objetivos y visiones de vida de los pueblos indígenas.
Estado del arte
Actualmente, Oaxaca es el Estado con mayor concentración de radios comunitarias en el país y aunque no existe un censo oficial, se habla de que existen entre 60 y 100 radios comunitarias de baja potencia (menos de 1.000 Watts) de las cuales solo cuatro cuentan con un permiso otorgado por las autoridades federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La gran mayoría de estas radios surgieron a partir del movimiento social de Oaxaca en 20062 cuando nació la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) como resultado del apoyo de la población oaxaqueña al movimiento de trabajadores de la educación (los maestros y maestras afiliados al sindicato democrático de la Sección XXII), que levantaron una radio magisterial (Radio Plantón) como herramienta de lucha y organización y que fue reprimida por el entonces gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ulises Ruiz Ortiz. Este hecho histórico fue el parteaguas en la forma de entender el papel de los medios de comunicación en la sociedad oaxaqueña.
A partir de ese momento muchas localidades, que por siglos han vivido aisladas, marginas, empobrecidas e incomunicadas iniciaron sus propios proyectos de comunicación, siendo pioneras a nivel mundial en crear las primeras redes de telefonía celular comunitaria.
En la actualidad existen 16 redes de telefonía celular comunitaria que dan cobertura a más de 50 poblaciones y cuentan con un permiso legal para el uso de las frecuencias en la banda del 800Mhz. Tienen una base de usuarios mensuales fluctuante entre 2.500 y 3.000 personas localizados en las regiones que se conocen como Sierra Norte y Mixteca. En la red más grande ubicada en San Idelfonso Villa Alta, se hacen más de 6.000 llamadas diarias y se mandan 4.500 mensajes. Las personas usuarias pagan una cuota fija mensual de 40 pesos mexicanos, que equivale a 2,5 dolares. La cuota les permite realizar llamadas locales y mensajes ilimitados dentro de la localidad y localidades aledañas que participan del proyecto, permitiendo una reducción de costos de hasta el 97% y donde el gasto en telefonía móvil se queda circulando dentro de la comunidad. Las llamadas nacionales e internacionales se hacen a través de conectar la red local a un servicio de Internet (punto a punto) proporcionado por microempresas y el servicio de Voz por Internet (VoIP), proporcionado por un pequeño operador que se conecta a la red global de telefonía. De esta manera, cada persona usuaria de la red, a través de un esquema de prepago, adquiere crédito para las llamadas fuera de la localidad a muy bajo costo. Por ejemplo, un minuto a Estados Unidos antes costaba 15 pesos mexicanos y ahora cuesta 20 centavos de peso mexicano por minuto.
Los bajos costos del servicio han dado como resultado un incremento de la comunicación, un ahorro económico, un incremento en el acceso a la información y el fortalecimiento del tejido a nivel local.
Pero este no ha sido el único logro del proyecto de telefonía celular comunitaria. También ha generado un impacto en la política pública incidiendo en la asignación de frecuencias para uso social, lo que significa en la actualidad que en todo el país se puede replicar el modelo de manera legal. En resumen, se trata de redes de telefonía celular operadas y administradas por las propias comunidades indígenas, que en su mayoría son de menos de 2.500 habitantes en condición de marginación debido a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas. Al ser poblaciones de menos de 2.500 habitantes, las grandes empresas concesionarias de estas frecuencias no tienen ninguna obligación de ofrecer servicio en estas localidades.
Todo este trabajo ha sido posible gracias al puente que han creado las organizaciones Rhizomatica3 y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad (REDES A.C4.) entre las comunidades indígenas que son usuarias potenciales de tecnologías de comunicación, los ingenieros y desarrolladores de proyectos tecnológicos con software y hardware libre y los espacios jurídicos.
Legislación actual
El artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derechos que tienen sus propios sistemas normativos, e instituciones particulares con derechos sobre el territorio que habitan y deben ser consultados sobre cualquier decisión que pueda afectarles.
El derecho a la libertad de expresión es el que permite establecer los tres derechos básicos que en materia de comunicación tienen todos los pueblos originarios en México:
- A adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación
- A contar con cobertura de telecomunicación accesible y asequible
- A participar en medios no indígenas sin discriminación
Pero estos derechos básicos requieren que el Estado en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) generen las condiciones para que los pueblos indígenas puedan hacerlo. Esto quiere decir que el Estado debe establecer medidas regulatorias que reconozcan las formas de organización de estos pueblos y sus derechos fundamentales, y medidas proactivas que faciliten su ejercicio. Por ejemplo, el Estado debe asegurar espectro suficiente para la existencia de concesiones sociales indígenas de telefonía celular, radiodifusión y cualquier otro tipo de comunicación que puedan establecer estos pueblos.
El actual artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a hacer una reserva del espectro del 10% de la banda de FM en la parte alta para concesiones sociales indígenas. Además el Estado mexicano asumió en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, el compromiso de que la comunicación indígena es una prioridad. La ley establece que los requisitos para solicitar estas concesiones deben ser acordes a las formas de organización social y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Al mismo tiempo, el IFT debe prestar asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de estos requisitos y debe garantizar el acceso a los recursos permitiendo que los medios indígenas participen en igualdad de condiciones en los mercados y otorgando apoyos y estímulos que les permitan existir. Aunque la ley prohíbe a la radiodifusión comunitaria e indígena la transmisión de publicidad comercial, no impide que estos medios promuevan la economía local, los medios tradicionales de producción y la economía solidaria y social.
CITAS:
1) Véase los siguientes videos: Rhizomatica: Comunicando Comunidades http://cor.to/EcCh y Telefonía Celular Comunitaria http://cor.to/EcCN
2) Véase el documental “Un poquito de tanta verdad” de Jill Freidberg, producido por Coorugated Films y Mal de Ojo
Bibliografía
Bloom, Peter y Huerta Velazquez, Erick. Plan de Investigación y Gestión de Modelo de Operación Social de un Sistema Autogestionado de Telecomunicación. UAM y Programa de Investigación Interdisciplinario Desarrollo Humano. 2015
Huerta Velázquez, Erick. Bases para el Desarrollo Regulatorio de la Comunicación Indígena en México 2015. REDES A.C.