El 26 de septiembre se realizó en Añelo la audiencia pública en la que Comarsa presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la planta de tratamiento de residuos petroleros que proyecta en las inmediaciones de la localidad, hoy denominada la “capital del shale”. Participaron funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, representantes de la empresa, el intendente local y sus concejales. Un centenar de personas pobló la sala, entre ellas, miembros de la Asamblea Fuera Basureros Petroleros, colectivo que con sus denuncias puso el tema en debate y logró que la empresa cese su actividad en el Parque Industrial Neuquén.
La presentación de la empresa y del proyecto comenzó con las palabras de su dueño, Juan Manuel Luis, quien manifestó que Comarsa es “una empresa familiar”. “Soy el principal accionista y mis socias son mi madre y mi hermana. No hay otro socio por detrás de esta empresa”. Una aclaración pertinente, debido a que se asocia a la firma con el ex ministro de Energía neuquino, Guillermo Coco. También aseguró: “Mi intención es mantener los puestos de trabajo, y hacer las cosas bien, creo que lo hago, y puedo dormir bien todas las noches”.
Por su parte el director de la empresa, Héctor Basilotta, aseguró: “Comarsa es una empresa con capitales genuinos, no hemos tenido ningún tipo de asistencia y eso tiene un valor”. También reclamó que injustamente, en el último tiempo, los han etiquetado de “basurero petrolero”, como una empresa contaminante. “Qué lejos estamos de eso, qué contracara con nuestra misión”. Al cierre de su exposición subrayó: “Trasladarnos de Neuquén a Añelo es un esfuerzo económico significativo para Comarsa. De nuevo venimos a cumplir un sueño y darle a la comunidad de Añelo lo que le dimos desde que nos instalamos, a la comunidad de Neuquén”.
Luego fue el turno de Fernando Cabrera, del Observatorio Petrolero Sur, quien se centró en la forma en que se realizan las audiencias públicas, las incertidumbres del proyecto del Ecoparque y las dudas que genera el nuevo proyecto de Comarsa. El investigador cuestionó el carácter de la audiencia pública, “con poca información y de muy difícil acceso, y en horario laboral, es muy difícil que la población participe. Entendemos que entonces esta audiencia se convierte en un mero acto formal”. En cuanto al proyecto del Ecoparque, expresó que existe incertidumbre y que no está claro cuál es su futuro. “A finales de 2015 se creó por decreto 2341, a tan sólo unos meses de firmada esa normativa el devenir del proyecto es incierto, y esta audiencia pública prácticamente lo dejaría sin efecto. Este ejemplo deja expuesta la falta de seriedad y compromiso de parte del gobierno provincial en la planificación de políticas que garanticen el derecho a un ambiente sano de la población”.
Para Cabrera es preocupante que apenas iniciada la explotación de Vaca Muerta en la provincia exista esta situación crítica: “empresas tratadoras desbordadas, mal ubicadas, con irregularidades en su acopio, sin controles, con derrames en los traslados de los materiales de los residuos. O sea, un sinnúmero de deficiencias que tienen como responsables al Estado, a las empresas operadoras y a las empresas tratadoras. Esta realidad es consecuencia de un método de explotación tan agresivo y contaminante como es el fracking, y de que la oficina de Ambiente encargada de controlar, hace la vista gorda, única manera de que las operadoras puedan seguir extrayendo. Esto genera que las empresas Indarsa (Neuquén-Añelo), Treater (Añelo) y Real Work (Plaza Huincul) se encuentren en situación irregular y no haya perspectiva de que regularicen su situación”.
A lo largo de su exposición analizó el nuevo proyecto de Comarsa y alertó que “el expediente deja a la vista la liviandad con la que las empresas presentan los estudios de impacto y la laxitud de los controles de la Subsecretaría de Ambiente. Tachones, escrituras aclaratorias, marcas de errores e informaciones contradictorias son algunas de las características con las que podemos describir el abultado expediente”. Cabrera también marcó que la ubicación del predio presenta poca claridad en la cesión y titularidad de las tierras, y expresó: “la relevancia de esa información está dada por la cantidad de puesteros y comunidades mapuche que viven en la zona, a quienes les pertenecen esas tierras pero que catastralmente aparecen como fiscales. Esta situación que se ve agravada por el decreto 2400/15, con el cual se crea un fondo fiduciario con las tierras fiscales de los departamentos de Añelo y Pehuenches”.
Para el Observatorio Petrolero Sur no queda claro en el EIA cómo la empresa accederá a los servicios que no existen en el lugar. Según Comarsa, se podría abastecer del agua subterránea con la realización de dos pozos, de convenios con otras empresas o con el Municipio para obtener servicios de red, o comprando y llevándola en camiones. Todas posibilidades, pero sin certezas de concreción inmediata. Mientras que la electricidad sería proporcionada por generadores. Según Cabrera lo más llamativo es el gas, “el Estudio de Impacto Ambiental no dice nada de un recurso que es básico. En el Estudio de Impacto Ambiental se indicaba que requeriría la provisión de 850 metros cúbicos por hora de gas”.
También enumeró inconsistencias en el expediente, piletas de cutting (lodo petrolero) que oscilan entre los 70 metros cúbicos y los 7000 metros cúbicos, una diferencia para hacer referencia a las misma infraestructura a montar. Según Cabrera, “lo mismo ocurre con las geomembrana de polietileno, que las tienen que aislar del suelo, debido a los tachones no se distingue si serán de 2000 o de 500 micrones”. durante la exposición también abordó las incertidumbres que dejan la ausencia de referencias a estudios de radioactividad, a sabiendas de que el flowback y los recortes de perforación pueden traer materiales radiactivos. Lo mismo respecto al tratamiento de los metales pesados.
Apenas concluyeron las exposiciones, el moderador de la Subsecretaría de Ambiente intentó cerrar la audiencia pública, pero tuvo que abrirla para dar lugar a las preguntas que se realizaron. La abogada Catia Escobar le consultó si la empresa recibe subsidios del Estado. La respuesta de inmediata del titular de empresa, Juan Manuel Luis, fue un categórico, no. Por su parte, Natalia Huilipan, de la Asamblea Fuera Basureros Petroleros, expresó que es urgente que “paren de quemar” residuos en la planta de Neuquén Capital. “Ustedes no viven en el lugar, no padecen todas las enfermedades respiratorias y la contaminación que Comarsa genera sobre nuestros barrios”.
En tanto Martín Álvarez, también del Observatorio Petrolero Sur, remarcó las preguntas que realizadas por Cabrera en la exposición, que no habían tenido respuesta hasta el momento. Eso generó enojo por parte del Subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, y del intendente de Añelo, Darío Díaz. El funcionario provincial reconoció que el futuro del Ecoparque es incierto y que no cuentan con los servicios, y negó la existencia de material radiactivo. Dijo que los hornos no tratan los metales pesados, aseguró que estos son enviados a rellenos de seguridad. Por su parte los técnicos y directivos de la empresa no respondieron sobre el sinnúmero de errores y dudas que les fue marcado al EIA.
Más allá que las autoridades provinciales toman a las audiencias como un mero trámite, en esta oportunidad no pudieron soslayar la falta de planificación y de control por parte del Estado y las displicencias, desidias y negligencias por parte de la empresa.