El pasado 4 de Junio de 2017, los financiadores internacionales que llevaban adelante el proyecto hidroeléctrico conocido como Agua Zarca en Honduras, anunciaron que retirarían su apoyo al proyecto, según informó el diario británico The Guardian [5].
Tres instituciones financieras habían prometido préstamos valuados en 44U$S para la construcción de la represa ubicada en el río Gualcarque, considerado sagrado para la etnia Lenca. La empresa privada detrás del proyecto, Desarrollos Energeticos SA (DESA),creada en 2008 especialmente para llevar adelante el proyecto Agua Zarca [6] tiene dos accionistas mayoritarios: Potencia y Energía de Mesoamérica (PEMSA), una firma registrada en Panamá, cuyo presidente, Roberto Castillo, un ex-militar, también es presidente de DESA. El otro inversor principal es Inversiones Las Jacaranda, propiedad de la familia Atala Zablah, quienes también son miembros de la dirección de DESA. A su vez,DESA se aseguró préstamos del banco holandés FMO, de la compañía financiera finlandesa FinnFund y del Banco Americano de Integración Económica (CABEI) [5]
Además de la lucha contra el proyecto Agua Zarca y otros proyectos hidroeléctricos en territorio Lenca, el COPINH lucha contra la tala ilegal, las grandes agroindustrias y las bases militares norteamericanas, defienden los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y del pueblo Lenca
Desde el año 2006 la población local del Río Blanco, donde vive la comunidad Lenca, se opusieron a la construcción de la represa ya que esta amenazaba con la desecación del río Gualcarque y la muerte de sus tierras comunales. La resistencia más encarnizada comenzó en el año 2013, lo que incluyó piquetes en las rutas, militarización y despojo de tierras, criminalización de los pobladores y principalmente persecución política de los dirigentes del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Esta organización fue fundada en 1993 como instrumento de lucha para defender el territorio y la cultura Lenca y la calidad de vida de los habitantes de la región.
Además de la lucha contra el proyecto Agua Zarca y otros proyectos hidroeléctricos en territorio Lenca, el COPINH lucha contra la tala ilegal, las grandes agroindustrias y las bases militares norteamericanas, defienden los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y del pueblo Lenca. La organización tiene una visión integradora de las luchas que refleja una “concepción político-ecológica en la que los problemas ambientales están ligados a las múltiples formas de opresión y marginación en nuestra sociedad”. [1]
Desde que nació el proyecto Agua Zarca, el hostigamiento y las amenazas a la población local en resistencia se convirtieron en algo cotidiano. En julio de 2013, soldados atrincherados en las instalaciones de la compañía dispararon contra manifestantes y mataron al líder indígena Tomás García. Tres años después, la resistencia de la comunidad Lenca en Honduras saltaría tristemente a la fama internacional al conocerse el asesinato de Berta Cáceres, ocurrido durante la noche del 3 de marzo de 2016, en su propio hogar.
En 2015, Cáceres había sido premiada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman, que es algo así como un premio Nobel “ambiental”. Cáceres fue asesinada a causa de su incansable lucha contra la destrucción ambiental de su comunidad, y en particular, por oponerse al proyecto Agua Zarca, que tantos intereses económicos implica, y que fundamentalmente, amenaza el acceso al agua de centenares de indígenas locales [1].
La compleja situación política de Honduras resulta propicia para los intereses de las megacorporaciones en busca de sitios donde las legislaciones sean lo suficientemente débiles como para instalarse, y donde los políticos estén dispuestos a usar la fuerza para acallar a las voces disidentes. Desde el golpe de estado del año 2009, que destituyó al presidente Manuel Zelaya, el Estado ha promovido con fuerza las inversiones y el desarrollo en la explotación minera, la industria agraria y los proyectos de infraestructura hidroeléctrica. Ha privatizado la tierra, el agua, y removido trabas para desarrollar proyectos de gran escala, frecuentemente en detrimento de los indígenas, las comunidades y los campesinos [1]
En 2015, Cáceres había sido premiada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman, que es algo así como un premio Nobel “ambiental”.
Así lo explicaba Berta Cáceres en un reportaje realizado en el año 2011: “Se han puesto al servicio de las transnacionales y del poder oligarca en bandeja de plata todos los bienes naturales, las riquezas de este país, prácticamente subastándolo a través de eventos como el de San Pedro Sula: “Honduras abierta para los negocios” donde se entregó prácticamente a todo el país: privatización de agua, de proyectos de educación públicos, de salud. Se concesionaron territorios de los pueblos indígenas y negros para hacer hoteles de montaña, privatizando cordilleras para hacer desde discotecas gigantes flotantes frente a los pueblos garífunas, hasta bases militares, puertos para grandes cruceros de lujos, ciudades modelo que ya van a construir” [2]
Una de las razones de la gran resistencia que las comunidades locales muestran hacia este tipo de proyectos es que las represas implican la inundación de grandes territorios de selva, de bosques, y de territorios indígenas y campesinos ya que son estas poblaciones las que viven en áreas rurales y silvestres. El avance de estas construcciones destruye grandes porciones de tierras que quedan bajo agua, no son generadoras de “energía limpia” ya que emiten grandes cantidades de gas metano a la atmósfera [7] y son miles los desplazados por estas obras, muchas veces a través métodos violentos, como consecuencia de su instalación.
El “boom” de las hidro-represas en América Latina se relaciona con uno de los mayores negocios en este momento: la venta de energía eléctrica. Al mismo tiempo que los tratados de libre comercio abren el camino a grandes inversiones a las empresas transnacionales, también crece la disputa por el territorio con las comunidades campesinas e indígenas [1]. Los estados desconocen tanto las leyes nacionales como
internacionales, por ejemplo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Honduras había firmado, y la consecuencia es la militarización del territorio, la violencia y el asesinato de líderes comunitarios, la degradación ambiental y de la calidad de vida de las poblaciones afectadas.
Una de las razones de la gran resistencia que las comunidades locales muestran hacia este tipo de proyectos es que las represas implican la inundación de grandes territorios de selva, de bosques, y de territorios indígenas y campesinos ya que son estas poblaciones las que viven en áreas rurales y silvestres
El miércoles 7 de junio se desarrollará en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la audiencia preliminar del Caso Berta Cáceres. Ésta tiene como objetivo la formalización de las acusaciones contra cuatro de los ocho detenidos al día de hoy: Mariano Díaz Chávez (Mayor de la Fuerzas Armadas), Sergio Rodríguez (Gerente Técnico y Ambiental de la empresa DESA),Douglas Bustillo (Exjefe de Seguridad de la empresa DESA) y Elvin Heriberto Rápalo (supuesto sicario).
Más allá del juicio contra los perpetuadores del crimen, desde el COPINH y la familia de Berta Cáceres, el objetivo es dar a conocer a la sociedad una visión más amplia sobre las verdaderas razones de su asesinato “Este crimen que articula estructuras criminales en las que se entremezclan empresa privada, agentes del Estado, organismos financieros internacionales y sicariato criminal, forma parte de un plan de desestabilización a nuestra organización.” [3]
Además, desde el COPINH se mostraron incrédulos sobre el anuncio del retiro de apoyo financiero al proyecto Agua Zarca anunciado en The Guardian, y difundieron a través de su blog que “La comunidad de Río Blanco, el COPINH y gran parte de la sociedad hondureña e internacional seguimos esperando esta salida definitiva que termine el financiamiento a la muerte en las comunidades Lencas” [4]. También denuncian que este anuncio no es más que una estrategia disuasiva, ya que pretenden crear un “proceso de diálogo”, ignorando el manifiesto rechazo de las comunidades al proyecto hidroeléctrico y continuar con la presencia de fuerzas represivas en la región [4].
Para el COPINH y el pueblo Lenca esta larga lucha y resistencia para defender su ambiente y sus vidas no termina aún, pero ellos cargan con el espíritu de Berta Cáceres que está presente en su lucha y es un apoyo para seguir firmes en su camino. Como dijo Berta cuando recibió su premio Goldman:
“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus.” [8].
FUENTES
(1) http://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/?p=6085
(2) http://wwwconfraternizarhoy.blogspot.com.ar/2011/06/fortalezcamos-la-unidad-de-los.html
(3) http://copinhonduras.blogspot.com.ar/2017/06/llamado-las-organizaciones-nacionales-e.html?spref=tw
(4) http://copinhonduras.blogspot.com.ar/
(5) https://www.theguardian.com/world/2017/jun/04/honduras-dam-activist-berta-caceres
(6) https://www.banktrack.org/project/agua_zarca_dam
(7) https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/represassuciasrevisada_2.pdf
(8) http://www.radiomundial.com.ve/discurso-de-berta-c%C3%A1ceres-al-recibir-premio-
ambiental-goldman