El 14 de julio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 513 que reforma la Ley de Ministerios y entre otras medidas, disuelve el Ministerio de Comunicaciones, convirtiéndolo en Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y dejándola bajo la égida del Ministerio de Modernización.

Como venimos sosteniendo en otros artículos, el actual gobierno ve en la comunicación no un Derecho Humano, sino un factor dinamizador de la economía. A las pruebas siempre nos remitimos: apariciones públicas, páginas web oficiales y medidas de Estado que ponían en el centro de las políticas públicas todo aquello que refiriera a telecomunicaciones, banda ancha, telefonía celular, negocios cruzados, cuádruple play, atracción de inversiones, bajo los Caballos de Troya de abaratar el costo de los servicios y mejorarlos (todas cosas, por otra parte, en las que ha quedado un debe importante). Lo que era medios audiovisuales, quedaba en un segundo plano. Ni hablar de la radiofonía. Y ni pensar en la radio comunitaria. El escalafón jerárquico de interés del gobierno por cada sector se ve bien representado en los Principios para la elaboración de una nueva Ley de Comunicaciones Convergentes (cosa que siguen sin cumplir o por lo pronto, hacer pública), cuyo último punto refiere muy desprolijamente a los medios comunitarios.

Hoy esta jerarquización se profundiza y complica aún más. La necesidad y urgencia de crear un Ministerio de Comunicaciones se contradijo antes de cumplir sus dos años con la necesidad y urgencia de disolverlo. El decreto lo justifica afirmando que “la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes”. Se justifica la sanción de un decreto de necesidad y urgencia con el único argumento de que para el gobierno es necesario y urgente. En La Caza del Snark, de Lewis Carroll, el personaje del capitán afirma: “lo que yo diga tres veces, es verdad; y esto es verdad, puesto que lo he dicho tres veces”.

En el organigrama del Ministerio de Modernización figura la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a cargo de Héctor Huici con un tipo de administración centralizada, y el ENACOM, con un tipo de administración descentralizada.

Ahora bien, vamos a sospechar que se le dará poca importancia a los medios audiovisuales, y casi nula a la radio comunitaria. Y no solo porque el nombre de la Secretaría refiera solo a las TIC, sino porque además formará parte de un Ministerio cuyas actividades exceden largamente el tema de la comunicación. Según la web oficial y el Decreto citado, el Ministerio trabaja temas como empleo público, el desarrollo del programa País Digital, gobierno digital, gobierno abierto, promoción de inversiones, la modernización de la Administración Pública Nacional, capacitación de funcionarios, mejoramiento de la infraestructura informática del Estado, firma digital, sistemas de compras del sector público nacional, servicio postal, administrar las participaciones estatales en ARSAT y el Correo, promoción del acceso universal a las tecnologías, políticas salariales del sector público, propiciar la transparencia y control social, entender en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de telecomunicaciones, y “entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios del área de su competencia, o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el Estado Nacional”. Recién en esta última actividad podemos inferir que incluye ser regulador de licencias de medios audiovisuales.

Muchas actividades, poca comunicación. La reconversión del Ministerio de Comunicaciones y su traslado a la órbita de Modernización confirman la sospecha (y agrega muchas más) de que lo que importa de la comunicación son las TIC y su rol en la eficiencia y en la atracción de inversiones. Se sigue edulcorando y evaporando el rol de los medios audiovisuales –y ni qué hablar de la radio y la radio comunitaria— y con ellos el de la comunicación como un Derecho.