Amanecemos el año con la noticia de un nuevo decreto que modifica la condiciones del sistema de comunicación en la Argentina. Como el año pasado, las reformas parecen hacerse entre la copa del brindis y la reposera de las vacaciones, lo cual nos hace dudar acerca de la casualidad.

En este caso el decreto 1340 oficializa una de las voluntades primordiales del actual gobierno y de la cual venimos hablando en repetidas ocasiones: el sistema de medios y telecomunicaciones es una posibilidad más de dinamizar el mercado, y en este sentido la convergencia funciona como un fin y como un medio: en nombre de beneficiar al usuario, se vuelcan todas las voluntades en pensar a la comunicación como un tema de tecnologías, banda ancha, telefonía celular y cuádruple play, y no como un derecho. Una cosa son usuarios y otra cosa son ciudadanos.

No ahondaremos en lo que establece el mencionado decreto, pues muchos colegas ya se han encargado de ello. Aquí apenas diremos que el decreto permite que los grupos de medios (léase Clarín y otros) puedan ofrecer servicios de telecomunicaciones, mientras que los de telecomunicaciones (léase Telefónica y otros) puedan ofrecer contenidos audiovisuales (desde 2018). El decreto transparenta lo que ocurría de hecho o estaba contenido como en una olla a presión. Además, protege a los grandes jugadores con ciertas medidas como la exclusividad sin competencia por 15 años en el usufructo de la “última milla”, las conexiones al hogar. El gobierno ha planeado fortalecer un oligopolio cerrado, bañado de una teatralización de competencia, que afiance un terreno sólido para que estas empresas inviertan y las comunicaciones muevan la economía. Las discusiones, rencillas y acusaciones se darán en ese alto estrato, mientras pasan a un segundo plano miles de peces chicos que deberán conformarse con las sobras. La teoría del derrame trasladada al espectro. El decreto pretende proteger a PyMes y cooperativas en localidades chicas.

En paralelo, deja mucho para decidirse o realizarse a futuro, por lo cual funciona como carta de intenciones, como puntapié inicial de un partido largo. En este contexto, resulta extraño pensar dónde cabrá la redacción, discusión y sanción de la Ley de Comunicaciones Convergentes prometida, que venga a normar lo que de hecho y a fuerza de decretos ya se está normando.

Pero todo esto nos suscita una pregunta. Desde el lugar del ciudadano, ¿qué nos importa la convergencia? Sin duda que todos queremos que por fin en Argentina funcione Internet, la telefonía celular, entremos al 5G y los costos no sean lo altos que son. Pero eso alcanza para sentirnos en un estado de fortalecimiento del derecho a la comunicación. Nos estamos pensando solo como usuarios, y si somos usuarios, es porque somos parte de un negocio. Y donde hay negocio, la jerarquía máxima se la lleva el lucro, y no el derecho. Con este decreto se establecen ciertas líneas para que los grandes jugadores puedan ofrecer servicios cruzados, es decir, las empresas de telecomunicaciones meterse a ofrecer contenidos audiovisuales y las empresas de medios, servicios de telecomunicaciones. ¿Esto es la convergencia? ¿Tanto lío por una forma de diseño de mercado? ¿No habrá algo más a que prestarle atención? Sin duda, los usos comunicacionales tienden a ser convergentes, y si bien esto hace cierto que sea artificial limitar los negocios cruzados, esto no significa que beneficiar más a los actores más beneficiados redunde necesariamente en una mejora en la calidad de los servicios. Y menos, que esto redunde en un mejor ejercicio de los derechos.

En este contexto, ¿qué pasa con los medios comunitarios, con las cooperativas? Quedan afuera de todo debate. Fortalecer a los más fuertes puede generar un mercado dinámico, pero esto lejos está de ofrecer una mirada comprensiva del rol que juegan los medios no comerciales en un sistema de comunicación. Y la ecuación que se nos ocurre, no por simple deja de ser muy posible: si las grandes empresas son más fuertes y acaparan más porciones del negocio de las comunicaciones, que además empieza a ser visto por el Estado como un mero negocio, menos posibilidades reales habrá para un sector de la comunicación, como el comunitario o el público, que se debe concentrar en su rol social, educativo y cultural. Lo hemos dicho también: el sector comunitario no parece ser una prioridad para esta gestión, como tampoco parecen comprender bien de qué se trata: este desconocimiento, sumado a la ambigua devoción de este gobierno por quedar bien y ser políticamente correcto, puede ser una oportunidad para el sector comunitario. Dependerá entonces de la capacidad de presión del sector, y de comprender globalmente con medidas como el decreto 1340 dónde pone el énfasis este gobierno cuando habla de comunicaciones, para no perder pisada y quedar una vez más relegados en una carrera que muchas veces parece contra la corriente.