Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES) presenta el Informe económico sobre las transferencias al sector hidrocarburífero de la Argentina. EJES es una articulación de organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental del país, motorizada por Observatorio Petrolero Sur-CEPPAS (Buenos Aires y Neuquén) y Taller Ecologista (Rosario).

Para profundizar líneas clave, elaboramos informes temáticos que nos permiten explorar, fundamentar y construir datos empíricos y nuevos abordajes conceptuales. Es en este marco que presentamos el Informe para aportar en la discusión y organización frente al avance de los hidrocarburos no convencionales. El objetivo inicial no fue otro que brindar elementos y números de una herramienta clave que está transitando toda la corta e intensa historia del nuevo paradigma en la Argentina.

Las transferencias como problemática global

Entendemos a las transferencias como el resultado de las presiones que se ejercen sobre la estructura de precios relativos para generar un movimiento en beneficio de una determinada actividad o sector empresarial. En este sentido, consideramos dentro de este campo desde las políticas indirectas hasta las subvenciones directas otorgadas por el Estado a las compañías. La distinción no es menor ya que permite abrir el análisis e incorporar otras prácticas impulsadas o apoyadas por el sector hidrocarburífero; desde medidas devaluatorias –que permiten alinear al sector con otros en función de intereses compartidos–, hasta “costos no internalizados”, como los pasivos y otros daños ambientales no reparados.

Esta discusión es clave y ha tenido poco desarrollo a nivel nacional. Una de las cuestiones centrales es entender al financiamiento de la industria como un esfuerzo que trasciende al sector privado, más allá de las estrategias publicitarias. En otras palabras, el proceso de consolidación, desarrollo y expansión de la industria está asentado sobre flujos públicos y del conjunto de la población.

Retomamos el caso de EE.UU. donde, según reportó Associated Press¹, el Departamento de Energía financió desde 1975, y por más de veinte años, el perfeccionamiento del paquete tecnológico del fracking (fractura hidráulica y perforación horizontal). Sin contar el aporte de los Estados subnacionales, para el gobierno federal significó una transferencia de 10 mil millones en exenciones impositivas entre 1980 y 2002, siendo un elemento clave la enorme reducción fiscal a la explotación de gas no convencional de 1980. Como destaca el documento, el fenómeno es parte de las transferencias y programas directos e indirectos de estímulo, por lo que, para tener un panorama más preciso, habría que agregar, entre otras cuestiones, inversión en infraestructura, educación y otros gastos públicos.

Por otro lado, la transferencia pública inicial y regular hacia la industria no se limita a los EE.UU. Por ejemplo, en Canadá, segundo país con mayor desarrollo de no convencionales a nivel global, la porción de subsidios es incluso mayor². Y la misma tendencia se muestra en los casos de China y Argentina, donde el empuje estatal fue clave para lograr los primeros pasos de desarrollo. Vale recordar que estos cuatro países son los únicos que han logrado volúmenes comerciales de shale gas³.

Y el fenómeno tampoco se reduce a los no convencionales, sino que se extiende al conjunto de la industria fósil. En 2012, la organización norteamericana Oil Change International estimó en 10 mil millones de dólares los subsidios anuales a nivel global⁴. Más cercano en el tiempo, en 2015, el Fondo Monetario Internacional actualizó cálculos propios y expandió el abordaje para internalizar diversas externalidades, como daño en la salud, degradación ambiental local e impactos y costos del cambio climático. En 2015 estimó el monto transferido en 5,3 billones de dólares, el 6,5% del PBI global⁵. El G20, del cual la Argentina es parte, se comprometió ese año a eliminar los subsidios ‘ineficientes’, pero hasta el momento poco ha pasado.

Un problema y una salida de carácter político

El reconocimiento y evaluación de las transferencias como un problema estratégico varía según quién lo exprese. A nuestro entender, en primer lugar, el problema es que aumentan los riesgos de encierro en el ámbito de influencia directa de la industria a mediano y largo plazo; esto es, compromete por décadas a territorios, infraestructura y capital, muchas veces en forma de deuda. Segundo, captura fondos públicos y los transfiere hacia uno de los sectores más concentrados y ricos. En otras palabras, quita necesaria inversión pública en sectores críticos para el conjunto de la población, como educación y salud, o procesos de largo plazo, como el fomento directo de cambio de matriz productiva y/o energética. En tercer lugar, se subsidia además una de las industrias con mayor nivel de daño sanitario y contaminación ambiental, tanto a nivel local como climático. En esta línea, la transferencia es también por vía indirecta ya que en general es el Estado quien absorbe los mayores costos de adaptación climática y atención sanitaria. Ambos puntos agudizan la injusticia socioambiental, cuyos mayores costos se focalizan en los sectores más vulnerables y empobrecidos, usualmente localizados en lugares de riesgo ambiental y vecinos a la industria. Por último, como se viene diciendo, los fondos públicos engrosan una industria que necesariamente debe tender a un achicamiento drástico si se desea mantener el clima planetario bajo cierta estabilidad. El esfuerzo de dejar los fósiles también implica redireccionar el accionar estatal.

El gasto público siempre está en el ojo de la tormenta. Lo que cambia, y se disputa, es su orientación y confección. Y ese factor es el que queremos explicitar cuando nos abocamos a este Informe. En otras palabras, nuestra pretensión fue cuantificar y estimar los flujos y la radiografía institucional construida para estimular el desarrollo de Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales. Un punto más de la larga batalla contra el escaso debate y visibilidad del tema, un hecho que claramente no es fortuito.