Este trabajo, realizado conjuntamente con el INECIP, tuvo como objetivo visibilizar cómo el actual Código Procesal Penal de la Nación contribuye a la ineficacia de la Justicia frente a estos delitos.

La impunidad de la criminalidad económica no se basa en estadísticas abstractas, por el contrario año a año emergen nuevos ejemplos que lamentablemente terminan siendo olvidados. Es en función de ello que, en la primera parte del informe, se presentan quince casos de delitos económicos que tuvieron repercusión pública durante 2013. En la segunda sección, por su parte, se analizan los tres problemas básicos que presentaron: la duración excesiva de los procesos; el perjuicio económico al Estado; y la falta de transparencia y de participación ciudadana.

Por último, la parte final del informe contiene los lineamientos básicos de la reforma procesal penal que se propone, y señala el modo en que estos repercutirían positivamente sobre todos los problemas que caracterizan a los casos actuales. Para eso, la propuesta se centra en seis ejes: reorganización del Ministerio Público Fiscal; desformalización de la investigación; nuevas formas de organizar el litigio; rediseño del sistema recursivo; participación amplia de la sociedad; y concepto democrático de organización judicial.