Es difícil encontrar un eje común de desarrollo de los medios de comunicación indígenas en el país. Algunas causas: la extensión del territorio, la diversidad de pueblos indígenas y la poca integración social urbana. Por otro lado sus tierras históricas se ven amenazadas por la industria energética, el agronegocio y la ganadería, conformando varios frentes a enfrentar. Las medios funcionan en gran medida como una herramienta para fortalecer y sostener esas demandas, aun cuando el trabajo para mantenerlos en funcionamiento se hace cuesta arriba.

Una característica predominante en la dinámica social en Argentina es la fuerte invisibilización de la población indígena que se ve desplazada de la participación civil y política nacional. Sin embargo sus acciones son más visibles y resonantes en el llamado “interior”, las provincias, en especial en Neuquén. Allí se encuentra el territorio Wallmapu de la nación Mapuche. A fuerza de resistencia, los mapuche han logrado ser contemplados en voz y voto frente a decisiones concernientes a medios de comunicación indígenas. En otras regiones como en las provincias del norte o las mesopotámicas, el panorama es bien distinto. En el NOA se registra el mayor número de radio con licencias en el país.
Florencia Yianniello, autora del libro “Descolonizando la palabra”, que se centra en experiencias mapuche, explica que “si bien todos tienen como objetivo común difundir la cosmovisión mapuche, las problemáticas cotidianas de las comunidades, su cultura, su lengua, etc.; lo hacen de maneras distintas y con un acceso muy desigual a la tecnología”. Por su parte, Matías Melillán¹, mapuche ex-miembro del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCa), menciona que “en los pueblos del norte al tener la posibilidad de poder construir sus propios medios a partir de la nueva ley y estar trabajando en un modelo propio de gestión, la película para ellos es distinta. Está menos politizado que la experiencia de los del sur.”

La letra en el papel

La aprobación en 2009 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)constituyó un hito en materia de regulación del espectro radioeléctrico tras décadas de normativas y enmiendas obsoletas y desprolijas apoyadas en la antigua Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada en la última dictadura militar argentina. No sólo para los pueblos indígenas que se ven contemplados como sujeto de derecho público no estatal sino también para organizaciones sociales que confluyen en la categoría de medios privados sin fines de lucro en tanto “emisoras comunitarias”. Durante el proceso legislativo se registraron foros de debate a nivel nacional en los distintos niveles de discusión de la ley, tanto en las Cámaras como en el Ejecutivo. Un grado de participación democrático histórico en legislación. A pesar de ello, seis años después cuesta ver un abanico más democrático e igualitario en la participación en los medios. Para Florencia Yanniello² “es importante que esto no quede solamente en lo declamativo: el Canal Mapuche Wallkintún TV de la ciudad de Bariloche se inauguró con bombos y platilllos como el primer canal indígena de Argentina, y la realidad es que hubo un conflicto muy grande entre la AFSCA, la comunidad mapuche que prestó su personería jurídica para que pudieran poner el canal y la gente que comenzó trabajando ahí. Hubo poca capacitación, poco financiamiento y muchas promesas incumplidas. Aún hoy siguen en conflicto.”

En la LSCA los indígenas no son parte del 33% que comparten con las organizaciones sin fines de lucro. Para Matías Melillán a partir de la 26.522 se reconoce sólo en parte el lugar social de los pueblos originarios: “dentro de lo comunitario y lo alternativo también aparece marcada nuestra diferencia. Nunca desapareció la lógica paternalista de que hay que decirle a los indígenas qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer en su medio de comunicación. No se soluciona que haya quedado reconocido el indígena como sujeto político dentro de la ley porque tiene que ver con el sujeto argentino. Es bastante más complejo”.

Uno de los grandes logros en la Ley es que al ser los pueblos indígenas prestadores de derecho público no estatal, no deben someterse a concurso para conseguir una licencia sino que son otorgadas a través de una autorización si la comunidad solicitante tiene todos los papeles en regla: esto es, una memoria descriptiva de su proyecto técnico y cultural, la acreditación de la sustentabilidad de la emisora y del modo en que se cubrirán las cuotas de programación establecidas. Sin embargo, Yanniello subraya: “una cosa es otorgar muchas licencias y jactarse de la cantidad de nuevos medios indígenas que hay en el país y otra es que esos medios estén realmente en manos de pobladores originarios y que puedan garantizar su sostenimiento en el tiempo. Es importante, también, reconocer que hay muchos medios originarios preexistentes a la ley, y que no vieron grandes cambios con respecto a su realidad a partir de su implementación”. Los datos proporcionados por ENACOM al 27 de abril 2016 señalan que son 64 las comunidades de pueblos originarios autorizadas en todo el país, y la mayoría (34) se concentran en la región del Noroeste –quedan 13 en Patagonia, 7 en el Noreste, 5 en la Provincia de Buenos Aires, 4 en el Centro y 1 en Cuyo. Todas son para FM menos la de TV del canal mapuche. De todas ellas no hay certezas sobre cuáles se mantienen funcionando o han comenzado a operar.

De todos modos este escenario se vio fuertemente afectado en los últimos meses por las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri. Decretos de necesidad y urgencia como el 267, alteraron la naturaleza misma de la LSCA: dejó de existir Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se creó un ministerio de Comunicaciones donde se aloja un nuevo ente regulador llamado Enacom que nuclea las actividades de la ex AFSCA y ex AFTIC, se modificó el número de licencias posible de tener por un sólo licenciatario. Si bien los decretos no alteraron de manera directa aquellos aspectos de la LSCA que se dedican a los medios indígenas o los tocan de manera indirecta, se congelaron los Fondos de Fomento Consursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y el otorgamiento de licencias ya aprobadas. Ello produjo un deterioro en la actividad que venían sosteniendo a pulmón medios indígenas y CAP (Comunitarios, Alternativos y Populares).

Por el momento la situación es de expectativa e incertidumbre ya que el Enacom está llevando adelante la redacción de un nuevo proyecto de ley bajo la égida del paradigma de la convergencia. Cuál será el lugar y la voz dada a los medios indígenas aún es un misterio. Sólo se sabe que el principal objetivo prioritario del gobierno de Macri es abrir el mercado a señales internacionales, resolver el futuro de Arsat y regular el sistema de telecomunicaciones. Se entiende que el Gobierno considera como “democratizar los medios” a habilitar la competencia en telecomunicaciones a capitales extranjeros. Hasta las momento, las audiencias que llevó adelante Enacom para escuchar las opiniones de los actores CAP, académicos y expertos en la materia que no sean parte de conglomerados internacionales no tuvieron un espacio de redacción en conjunto, ni tampoco se les dio a conocer ningún tipo de borrador que esté elaborando este nuevo Ente.

El espinoso asunto del financiamiento

El sostenimiento de todo medio requiere no sólo de un cuerpo humano que lo sostenga, sino de las posibilidades financieras de sostenerlo a largo plazo. En ese sentido, los FOMECA son un incentivo económico para la producción de contenidos de los medios de frontera, comunitarios e indígenas. Un alivio temporal que palia la situación en algunos casos. Muchas veces ocurre que por falta de ingresos regulares e incapacidad para administrar los escasos recursos, las radios dejan de funcionar o no cumplen con el objetivo original que tuvo la comunidad. Melillán advierte que “el mecanismo de distribución puede complicar la idea original.” El FOMECA era un mecanismo para hacer circular el dinero que ingresaba a la AFSCA entre los tipos de medios mencionados. En julio de 2015 se aprobaron en la línea “Comunicación con Identidad” destinada al sostenimiento y desarrollo de medios indígenas, 12 proyectos para emisoras autorizadas de pueblos originarios con un total de $1.720.000 para equipamiento y $240.000 para producción de contenidos. Fuera de este subsidio estatal, los medios deben arreglárselas por su cuenta, como cualquier otro medio. Yianniello explica sobre el caso mapuche que el día a día se sostiene en el apoyo colectivo: “algunos (medios) participan de pequeñas redes y otros forman parte de estructuras más ‘institucionales’ o formales, sobre todo los que están en diálogo con el Estado. En las localidades en donde están asentados los medios mapuches es muy común que la mayor vinculación se dé con las organizaciones, asambleas, grupos musicales, escuelas, clubes o centros comunitarios de la región, más que con otros medios a la distancia. De todas formas, algunas de las radios se nutren de información de agencias de noticias alternativas y retransmiten micros y producciones de medios de otros lugares”.

La llamada “Ley de Medios” no resuelve todos los problemas de los pueblos originarios en territorio argentino, pero se conviertió en una herramienta útil y necesaria. Melillán reflexiona al respecto: ”Te da la posibilidad de difusión y generar redes y relaciones. Pero en el medio hay un montón de discusiones que tienen que ver con la cotidianeidad de los pueblos indígenas de Argentina, que hay que discutirla en otros ámbitos donde no se discute la cuestión comunicacional.” En el caso del pueblo mapuche, por ejemplo, poder contar con medios de comunicación se trata de una estrategia planificada en el tiempo: en el año 2003, 2004, 2006 se fueron abriendo medios de comunicación mapuche en Neuquén vinculados a espacios de discusión que se dieron a finales de los ‘90 a través de congresos de comunicación mapuche. Como pueblo se adopta una estrategia de desarrollo y construcción de medios propios.

Mientras tanto, se espera que se apruebe la asignación específica en el presupuesto nacional de financiamiento para los medios de pueblos originarios previsto en la LSCA y por otra parte las comunidades preveen reclamar un impuesto a la actividad petrolera.

El cine indígena

Otras expresiones étnico-identitarias cobran fuerza y organización año a año, como el caso del cine indígena que entabla lazos con el resto de América del Sur en la organización de festivales y ciclos. En el sur se desarrolló en noviembre de 2015, el XIII Festival Internacional de Cine de los Pueblos Indígenas. Con la particularidad de que tuvo lugar en territorio argentino y chileno, o como explican los organizadores (14 medios y organizaciones, en su mayoría indígenas) “en la Nación Mapuche, Wellmapu”. Las actividades complementarias transcurrieron meses antes con una muestra de cine itinerante por la provincia de Neuquén.

En la provincia de Chaco se anunció el año pasado desde el gobierno la creación de la primera Escuela de Cine Indígena dentro del Instituto de Cultura provincial. En su presentación participaron los pueblos kolla, guaraní, diaguita, wichi, qom, moqoit, comechingon, charrúa, huarpe, mapuche, ocloya, atacama, tehuelche y selknam. Promete capacitar y promover producciones de contenido propio en las distintas comunidades indígenas de la provincia. Allí en Chaco nació también en 2008 el Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, con la idea del cine como hecho social y herramienta transformadora principalmente de los pueblos originarios qom, wichí y mocoit, aunque promueven la visibilización no sólo de sus comunidades, sino de todos aquellos pueblos preexistentes al Estado argentino.

Reflexiones finales

En el repertorio de medios de comunicación, aquellos más conflictivos son la radio y la televisión porque requieren de permiso del Estado para usufructuar el espectro y de modos que les son ajenos. Lograr las autorizaciones sin concurso es un gran paso que varias comunidades están aprovechando. sin embargo, queda por delante hacer más viable el proceso que lleva a la obtención de la autorización, demasiado engorroso en términos burocráticos para quiénes no tienen incorporada la lógica administrativa propia del aparato estatal, así como los mecanismos de sostenimiento financiero y tecnológico de las actividades. Esto implica, a su vez, comprender e incorporar en las políticas públicas las lógicas de la comunicación indígena y sus propias lecturas sobre qué es la comunicación, necesarias para seguir haciendo frente a las dificultades e impedimentos que persisten en el tiempo. La mirada occidental sobre los medios y la transmisión de la información no es la misma que la de gran parte de los pueblos indígenas a quienes se los intenta enmarcar en normativas que no pidieron pero que se vuelven necesarias para que sobrevivan. La manera más sólida de responder a ello, ha sido hasta ahora la de apropiarse de esas herramientas y de las formas occidentales para reconstruirse.

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Florencia Yanniello, autora de “Descolonizando la palabra” (2014) y Matías Melillán entrevistados para este artículo.