EL CRIMEN ORGANIZADO BAJO ACECHO

Una buena parte del crimen organizado en Guatemala está siendo investigado y perseguido penalmente por la dupla Ministerio Público y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Figuras clave que participan o han participado de los tres poderes del Estado y/o representantes activos del sector empresarial, son señalados por participar en múltiples escándalos de corrupción, en el marco de los cuales habrían defraudado en miles de millones de quetzales al Estado guatemalteco.

Además, aunque lentamente, siguen avanzando procesos penales en contra de ex militares que durante el periodo de la guerra planificaron, supervisaron o ejecutaron masacres y otros delitos de lesa humanidad; y el panorama jurídico no es tan alentador para algunas empresas extractivas que no se han cuidado de guardar las más elementales formas en cuanto al respeto de las leyes tributarias, de seguridad o ambientales guatemaltecas para realizar sus actividades lucrativas.

Para finalizar el anterior cuadro, hay decenas de personajes importantes de la vida política y económica del país que se mantienen con los nervios de punta al sospechar —fundadamente— que en cualquier momento sus nombres saldrán a colación en las diligencias judiciales que se practican y que por ello se movilizan de sus hogares antes y después del lapso 6:00 a 18:00 Hrs., para no ser encontrados en sus casas cuando eventualmente lleguen las fuerzas policiales a capturarlos.

UN CONTEXTO GENERAL DE REFORMAS
Lo anterior era inconcebible hace apenas algunos años. Que actualmente esté ocurriendo se explica en el marco de un Estado que tradicionalmente ha demostrado hasta el cansancio su incapacidad estructural para funcionar medianamente bien, lo cual pone en riesgo inminente su legitimidad misma y con ello la institucionalidad total y las leyes, por lo que se convierte en un problema internacional de seguridad para sí mismo y para la región.

Ante la obvia inutilidad de seguir intentando que el Estado se sanee por sí sólo, a pesar de los millones de dólares que la cooperación internacional ha invertido en el país desde la Firma de los Acuerdos de Paz, la comunidad internacional (principalmente los Estados Unidos de América) posibilitó un modelo de intervención centrado en el fortalecimiento de la administración de justicia para desde allí desmontar a los grupos criminales que tienen copada a toda la administración pública.

Cabe señalar que este esfuerzo de ingeniería de la intervención es patrocinado por la comunidad internacional, pero es coincidente con los esfuerzos de diversos guatemaltecos y guatemaltecas que durante más de una década (1994-2007) intentaron modernizar el país, sin conseguirlo; siempre chocaron contra un infranqueable paredón de impunidad construido en su forma actual desde la época de las dictaduras militares.

Dicho contexto de reformas implica, en términos generales, tres factores:
a) depurar/eliminar a los peores elementos, a los más impresentables, de la conducción pública del país, por la vía del derecho penal;

b) modificar las condiciones básicas de acceso a los principales puestos de la administración pública, principalmente al Congreso (por medio de una reforma electoral) y de las altas cortes del país (reformando el sistema de comisiones de postulación y otros); y,

c) el establecimiento de nuevas reglas (administrativas, tributarias, penales) que en adelante se deberán cumplir. En este sentido, el sentido de las reformas es salvar al Estado, no reestructurarlo.

Como se observa, lo anterior no significa, ni de lejos, una propuesta revolucionaria, aunque sí es trascendental en términos de la poca modernización que el aparato burocrático del país ha sufrido durante los últimos 50 años. Este Estado “recuperado”,debería funcionar mejor para poner en marcha los planes de desarrollo elaborados desde las agencias multinacionales de inversión (eufemismo para decir “de deuda externa”, los cuales ya tienen más de 20 años y que el país no logra por ningún medio echar a andar.

Es importante señalar algo: el hecho de que este programa de reforma política y judicial no contenga un correlato de transformación social, no implica que no deba ser apoyado por todas las fuerzas progresistas. Principalmente, porque sería un error estratégico no coadyuvar a la remoción de importantes ramales del crimen organizado, con las cuales no hay posibilidad alguna de debate político.

LA RESPUESTA: GUERRA TOTAL O AMNISTÍA
Como puede observarse, cuadros técnicos de la burocracia guatemalteca, políticos, empresarios y militares, perciben este intento de reordenamiento como un atentado en contra de sus intereses y privilegios personales o grupales, en primer lugar porque efectivamente lo es: el nuevo esquema, si funcionara, obligaría a esos pequeños grupos que se benefician de la inequidad del país a través de la corrupción, a abrirse, a competir, a compartir las decisiones alrededor de lo público.

En segundo lugar, porque para alcanzar su status se valieron de prácticas delincuenciales, las cuales se convirtieron en su principal nota característica, sin ellas hoy ya no pueden subsistir. Por eso, la no tan cordial invitación de los funcionarios internacionales es que acaten las nuevas reglas, pero previo a hacerlo deben pasar primero por la cárcel, porque sus negocios criminales fueron demasiado evidentes y de no ser sancionados (al menos unos) romperían con la idea que la gente comúnmente tiene de justicia.

Por tanto, la lucha de estos actores se manifiesta concretamente en contra del MP / CICIG, pero es global contra todo el marco de reformas. La cuesta arriba de los corruptos es que no pueden operar directamente. Nadie toleraría que salieran públicamente diciendo que lo que han hecho y se ha destapado ha sido correcto y que no tienen la menor intención de dejarlo de hacer.

Por eso, trabajan en escondidas, utilizan mensajes contradictorios y los envían masivamente para confundir. Por eso diputados y empresarios dicen respaldar la transparencia, pero envían embajadores a Estados Unidos para cabildear la salida de Iván Velásquez y un cese de hostilidades… Ello a la vez que braman de la cólera en contra de los extranjeros poderosos que esta vez no están de su lado.

Por eso dicen que sí apoyan las reformas constitucionales… ¡si tan sólo no tuviera el componente de pluralismo jurídico porque no pueden permitir que el país se divida! Sin embargo, no apoyan el pluralismo jurídico, pero tampoco lo demás. De hecho, creen que están en una guerra y que cada artículo de las reformas es una trinchera que hay que asegurar para ir debilitando al enemigo.

Y por eso mismo, mientras juegan a la guerra a pesar de que los mensajes desde afuera del país no les son favorables, es que empiezan a insinuar, muy a regañadientes, que estarían dispuestos a colaborar sí y sólo sí se les confiere una amnistía absoluta por todos los deslices cometidos: “si no se toca a un diputado más y si no nos cobran ni un solo centavo de los impuestos evadidos… tal vez”, es la consigna que empiezan a manejar.