Sin embargo la investigación caso por caso no va a terminar con el problema de fondo, que es la constitución de sociedades off shore en paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos, lavar dinero y fugar capitales. Es necesario tener en cuenta que los paraísos fiscales se caracterizan por la seguridad jurídica que brindan a quienes quieren ocultar su patrimonio en detrimento de los estados en los que generan sus ganancias, afectando de esta forma el orden económico y financiero de esos estados.
Si en cambio, se analizan los datos aportados por el Consorcio de Periodistas en su conjunto, nos encontramos con que detrás de la constitución de sociedades off shore existe un mercado criminal estructurado para facilitar la realización de delitos económicos y financieros.
En un mercado criminal las transacciones que se realizan como los intercambios de bienes o servicios por una prestación, se caracterizan por vulnerar sistemáticamente las leyes con el fin de obtener un beneficio ya sea directa o directamente, siendo los intermediarios los actores más importantes de la estructura, ya que son quienes cuentan con el conocimiento, las relaciones y los medios necesarios para realizar esas transacciones vulnerando las leyes. Asimismo se ha observado que las principales consecuencias de la actuación de los mercados criminales son el aumento de violencia y la afectación de derechos humanos directa e indirectamente, el aumento de la vulnerabilidad de las estructuras sociales, económicas y políticas de los estados, y la inserción del dinero ilícito en la economía formal.
Ahora bien, de los datos revelados podemos concluir que existe una transacción en la que por un lado, tenemos a las personas humanas o jurídicas que desean constituir sociedades off shore, con el fin de no pagar impuestos en las jurisdicciones donde realizan sus actividades comerciales, de ocultar el origen del dinero y quienes son los verdaderos dueños y los beneficiarios finales de esas actividades y por el otro lado tenemos paraísos fiscales que garantizan el pago de nulos o bajos impuestos y el secreto de datos. Sin embargo para cumplir su deseo necesitan de dos actores claves en la estructura, los intermediarios sin los cuales esas maniobras no podrían realizarse. Ellos son los estudios jurídicos y las entidades bancarias. Estos intermediarios cobran un precio por el servicio de constitución de sociedades en paraísos fiscales, y comisiones por servicios financieros respectivamente, o dicho de otro modo prestan el servicio de garantizar la opacidad y el encubrimiento.
Las consecuencias de estas operatorias tienen una gran ventaja para que quienes las realizan, y es su invisibilidad de impacto ante la justicia y ante la sociedad. Sin embargo en los últimos tiempos distintas organizaciones internacionales y Estados están poniendo en agenda discusiones sobre la problemática y posibles soluciones. Así, por ejemplo, Ecuador está activamente proponiendo medidas para poner fin a los paraísos fiscales y llevar a la práctica un Pacto Ético, medidas que están siendo acompañadas por algunos países de Latinoamérica. Se han creado comisiones investigadoras en el ámbito parlamentario de Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Bolivia, la Unión Europea, entre otros, a fin de analizar los datos de los papeles de Panamá. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y OXFAM en un evento realizado en Nueva York el pasado miércoles 21 bajo el título “Afrontando el problema de paraísos fiscales: Hacia una agenda global para la justicia fiscal”, plantearon el tema de la evasión fiscal como generadora de pobreza y solicitaron que se cree en el marco de Naciones Unidas un espacio para estudiar y proponer medidas sobre este tema, ya que la consecuencia visible de la evasión es que el Estado deja de percibir dinero por el pago de impuestos para destinarlos en salud y educación, generando más desigualdad, más pobreza y menos equidad social.
Asimismo la violación a los derechos humanos, la inserción de dinero ilícito, la evasión y fuga de capitales, implica que el problema de fondo afecta a la seguridad pública y la soberanía económica de los Estados.
Concluyendo, la justicia debe cumplir su rol investigando caso a caso. Se deben establecer medidas preventivas mediante la firma de acuerdos bilaterales o multilaterales en materia fiscal, dictar regulaciones más estrictas, crear registros de beneficiarios finales y exigir mayor transparencia en jurisdicciones de paraísos fiscales. Sin embargo, si la estructura creada para realizar las maniobras se mantiene intacta, el mercado también se mantiene intacto, y cuando se produzca una nueva filtración volveremos a escuchar los mismos nombres, USB, Credit Suisse, HSBC, J.P. Morgan, Mossack Fonseca y el cuento volverá a empezar.
Alejandra Freire (investigadora del CIPCE)