En ella se refirió al trabajo del CEPPAS junto a otras organizaciones de la sociedad civil en el marco del Observatorio de Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina. Durante su presentación, Gómez cuestionó fuertemente el diseño técnico del proyecto de ley del Super RIGI, el cual busca captar mega inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares con estabilidad fiscal y aduanera por 30 años. Allí, la especialista invocó formalmente al Acuerdo de Escazú – tratado internacional que garantiza el acceso a la información pública en materia ambiental – y explicó que, debido a la falta de precisiones sobre cuáles son los proyectos específicos y qué actividades se instalarán, se le impide a la ciudadanía conocer el verdadero impacto ambiental. Asimismo, advirtió sobre el traslado de los costos ecológicos a las jurisdicciones locales “Buscan convertir a la Argentina en una guarida normativa porque son las provincias y municipios quienes van a lidiar con los problemas ambientales”. De forma paralela, cuestionó los plazos extraordinarios de estabilidad que otorga el régimen, en la cual se pretende legislar hasta 2056 bajo un alto nivel de ambigüedad respecto a los impactos acumulativos. Ante esto, apuntó a la alarmante realidad hídrica de provincias como Catamarca, San Juan y Mendoza, donde existen comunidades y barrios que carecen de suficiente presión de agua. Resaltó que no se sabe sobre qué van los proyectos ni sus impactos acumulativos, por lo que es imprescindible que se estudien a profundidad dichas variables antes de continuar con el trámite legislativo.
Otros especialistas que expusieron en la jornada fueron en el mismo sentido. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, advirtió sobre las futuras crisis hídricas, energéticas y sobre los territorios que entrega el “Super RIGI”. Viale enfatizó que los data centers generan apenas 30-40 puestos de trabajo permanentes una vez instalados -el equivalente a un supermercado medio- a cambio de ceder soberanía hídrica y territorial por tres décadas ante tribunales internacionales. Asimismo, Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet, sentenció que la iniciativa entrega un cheque en blanco a sectores que aún no existen y carecen de una política industrial seria. Por otro lado, el subsecretario de Desarrollo Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, cuestionó que el proyecto no exija desarrollo productivo local, prohíba al Estado a comprar insumos nacionales y renuncia a la soberanía jurídica en tribunales extranjeros.
Cabe destacar que el equipo del CEPPAS viene trabajando junto a otras ONGs y la UNSAM en el marco del Observatorio del RIGI.
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