El pasado jueves 27 de noviembre de 2025, con una destacada concurrencia de más de 50 profesionales del Derecho, activistas y representantes de organizaciones sociales, se desarrolló la jornada “Justicia Ambiental y Acuerdo de Escazú”, organizada por el CEPPAS. El evento, realizado en formato virtual, reunió a seis destacados expositores quienes, desde una perspectiva eminentemente práctica, analizaron las estrategias y los instrumentos legales para fortalecer el acceso a la justicia en materia ambiental.
La jornada, estructurada en dos bloques, tuvo como objetivo central brindar herramientas concretas a defensores, fiscales, abogados y operadores jurídicos para litigar con eficacia en defensa del ambiente, utilizando el Acuerdo de Escazú como un paraguas legal fundamental.
En la apertura, Alberto Binder (CEPPAS) señaló que el acceso a la justicia ambiental es hoy “un nuevo modelo de lucha política donde tenemos que compatir por el apoyo estatal”. Para este objetivo, señaló herramientas subutilizadas como las facultades no penales del Ministerio Público Fiscal, la figura del querellante por parte de los pueblos originarios y la justicia municipal como ámbito ágil para la defensa ambiental local. Advirtió, además, sobre el principal escollo: “una burocracia judicial, una desidia de muchos actores judiciales que construyen una especie de situación pantanosa donde los actores con menos resistencia y poder van quedando atrapados en los tiempos, en la burocracia, en los costos de la administración de justicia que te empuja hacia la nada.”
A continuación, los expositores destacaron el rol fundamental de las instituciones en la construcción de una justicia ambiental. Juan Sebastián Lloret (RAFA), presentó el sólido marco jurídico que obliga a los jueces a intervenir, por lo que deben actuar con “particular energía” en defensa del ambiente, función que el acuerdo de Escazú refuerza, especialmente en la protección de defensores ambientales.
Por su parte, desde la Defensa Pública, Laura Manin ilustró con casos prácticos cómo se puede actuar en favor de comunidades en situación de vulnerabilidad. Presentó el caso del Lago Soldati, en el barrio Los Piletones, donde una estrategia combinada de trabajo técnico territorial, los informes técnicos y la solicitud de una audiencia pública lograron una medida cautelar demostrando que “el litigio ambiental es policéntrico y requiere herramientas no tradicionales”.
Entrados ya en el segundo bloque, Gustavo Maurino (ELAC), propuso repensar el acceso a la justicia ambiental no sólo como un derecho civil o social, sino como un derecho político fundamental “conectado al rol de una ciudadanía efectiva”.
Planteó la necesidad de que los ministerios públicos superen el paradigma neutral de la defensa de la legalidad, para construir prácticas de acompañamiento real. Así fueron sus palabras “La idea de la asepsia de la legalidad es un poco inconsistente con la idea del acompañamiento de movimientos emancipatorios que reclaman ciudadanía y presencia en la discusión pública”.
Carolina Altieri, especialista en políticas públicas ambientales, analizó el rol de la evaluación ambiental como materia de litigio. demostró, a través de casos emblemáticos –Salas (desmontes en Salta), Godoy (exploración sísmica offshore) y Guitián (litio en Catamarca)–, cómo la justicia puede ordenar estudios de impacto acumulativo –no previstos por ley– para la evaluar ambiental integral y responsable.
Cerrando las exposiciones, Silvina Ramírez, experta en derechos indígenas, diferenció con claridad la participación pública de la consulta previa, libre e informada, un derecho político exclusivo de los pueblos indígenas que, según la Corte Interamericana, debe ser vinculante para proyectos de gran impacto. “Las estrategias jurídicas deben acompañar la lucha política que las comunidades ya están dando en el territorio”, concluyó.
El evento, moderado por Florencia Gómez y Ariel Genovese, dejó en claro un diagnóstico compartido: existe un robusto marco normativo (nacional, internacional y con el Acuerdo de Escazú) que ampara la justicia ambiental, pero su efectividad choca contra una infraestructura institucional que avanza a paso lento y contra asimetrías de poder abismales.
Las principales conclusiones apuntaron a:
- La necesidad de una alianza estratégica entre sociedad civil, comunidades, ministerios públicos y la academia.
- La urgencia de apropiarse de herramientas legales ya existentes, pero poco utilizadas.
- La comprensión del litigio ambiental como un proceso político, colectivo y de construcción de ciudadanía, que va más allá del resultado de un caso judicial.
- El Acuerdo de Escazú se erige como un instrumento central no sólo para garantizar el acceso a la información y la participación, sino también para proteger a los defensores ambientales y exigir una justicia que no sea regresiva.
La Jornada “Justicia Ambiental y Acuerdo de Escazú” reafirmó el compromiso del CEPPAS y de una amplia red de profesionales y organizaciones por seguir construyendo, desde la práctica y la lucha política, caminos efectivos para hacer realidad el derecho a un ambiente sano para todos y todas.