Alrededor de 100 personas, provenientes de todo el territorio nacional, se hicieron presentes en esta primer convocatoria de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado de la Nación, constituida meses atrás. Por más de tres horas de exposiciones, los distintos referentes indígenas de casi cuarenta pueblos hoy reconocidos como preexistentes a nivel nacional, hicieron oír su voz ante los Senadores integrantes de la nueva Comisión, en particular para argumentar sobre la delicada situación que hoy experimentan en sus territorios y para demostrar su preocupación por que se renueve la ley de emergencia en la propiedad indígena 26.160.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, a través de su titular, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, envió un saludo a la Comisión, y bregó por un mejoramiento de las condiciones estructurales de las comunidades. Por su parte, cabe destacar la presencia de organizaciones representativas tales como Amnistía Internacional y de otras nacionales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) o el Instituto de Cultura Popular (Incupo).
Asimismo, de la reunión, participaron las principales organizaciones indígenas del país, entre ellas la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Federación Pilagá de Formosa, la Unión Diaguita de Tucumán, el Consejo de Comunidades Coyas del Departamento de Cochinoca de Jujuy, el Consejo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci), Organización QOPIWINI (Pueblos Quom, Pilagá, Wichi y Nivaclé),la Asociación Guaraní de Oran en Salta, representantes de los pueblos Lule y Huarpe, entre otras.
Dada la relevancia histórica del hecho, en que por primera vez se reúne en el ámbito del Senado de la Nación una Comisión Específica para tratar las cuestiones indígenas, y la amplia convocatoria efectuada, se convino en avanzar con el proyecto que ya tiene dictamen de comisión respecto de la actualización de la ley 26.160, así como en la necesidad de brindar tratamiento a los temas aún pendientes en relación con la problemática indígena, tales como el derecho de propiedad comunitaria, el derecho de consulta y el consentimiento libre, informado y previo.